Una joven trabajadora en una fábrica textil de Newberry, Carolina del Sur, fotografiada por Lewis Hine en 1908 para el National Child Labor Committee. La imagen sitúa la denuncia visual dentro del repertorio reformista de la Era progresista. Imagen de dominio público, vía Library of Congress y Wikimedia Commons.
La Era progresista fue el periodo en que muchos estadounidenses intentaron responder a los problemas creados por la rápida industrialización de la Edad Dorada. Entre la década de 1890 y el final de la Primera Guerra Mundial, una coalición heterogénea de reformistas defendió un Estado más capaz de contener los trusts, inspeccionar las empresas y proteger la sociedad urbana frente a los abusos industriales.
Esa agenda partía de una pregunta práctica: ¿cómo podía sobrevivir una república fundada en la participación política cuando las grandes corporaciones nacionales, las maquinarias partidistas y los gobiernos locales parecían escapar al control de los ciudadanos comunes? Los progresistas discrepaban sobre medios y prioridades. Robert La Follette llevó reformas electorales a Wisconsin. Theodore Roosevelt hablaba de un «Square Deal» entre capital, trabajo y público. Woodrow Wilson prefería combatir los privilegios mediante una «New Freedom». Jane Addams y otras reformistas urbanas trabajaban en casas de acogida, educación y salud pública. Su intuición común era clara: el laissez-faire de la Edad Dorada ya no parecía suficiente para gobernar una sociedad industrial.
El resultado fue ambivalente. La Era progresista amplió la capacidad reguladora del gobierno federal mediante nuevas agencias, una política antitrust más activa y enmiendas constitucionales sobre el impuesto sobre la renta, el Senado y el sufragio. Sus límites aparecieron en la segregación racial, la exclusión de inmigrantes asiáticos, la violencia contra los afroamericanos y las decisiones judiciales que protegían la libertad contractual de las empresas. La Era progresista reformó partes del capitalismo estadounidense sin transformar los fundamentos raciales y sociales del orden de Estados Unidos.
Resumen
- La Era progresista suele situarse entre la década de 1890 y los primeros años de la década de 1920, con su expresión federal más fuerte bajo Theodore Roosevelt, William Howard Taft y Woodrow Wilson.
- La Edad Dorada dejó crecimiento industrial, urbanización, corrupción política, concentración empresarial y conflictos laborales que alimentaron la política reformista.
- Los progresistas defendieron la regulación federal, la política antitrust, la reforma electoral, la administración pública profesional, la conservación, la salud pública, las leyes laborales y el control de alimentos y medicamentos.
- Periodistas conocidos como muckrakers, entre ellos Ida Tarbell y Upton Sinclair, ayudaron a convertir abusos corporativos y sanitarios en presión política.
- Theodore Roosevelt utilizó el Square Deal para defender la mediación estatal, la inspección, la regulación ferroviaria, la conservación y la acción contra los trusts considerados perjudiciales.
- Taft continuó las demandas antitrust y rompió con Roosevelt por disputas de partido y de conservación. La división republicana permitió que Woodrow Wilson ganara la presidencia en 1912.
- Wilson aprobó reformas bancarias, arancelarias, antitrust y laborales. Su gobierno también reforzó prácticas segregacionistas dentro de la administración federal.
- El progresismo amplió la democracia para algunos grupos, sobre todo para las mujeres blancas con la 19.ª Enmienda, mientras los afroamericanos seguían excluidos por la segregación, la violencia y las barreras electorales.
De las promesas de la Edad Dorada a los temores progresistas
La Edad Dorada multiplicó los ferrocarriles y las fábricas, aceleró las ciudades y produjo fortunas enormes. El mismo proceso que convirtió a Estados Unidos en una potencia industrial expuso problemas que la política tradicional tenía dificultades para resolver. Las grandes empresas podían controlar precios, comprar competidores e influir en legisladores. Las maquinarias partidistas urbanas distribuían empleos y favores a cambio de votos. Los conventillos, las enfermedades, los accidentes industriales y las huelgas violentas convertían la ciudad moderna en un espacio de oportunidad e inseguridad al mismo tiempo.
Los barones ladrones y capitanes de la industria simbolizaban esa tensión. Andrew Carnegie, John D. Rockefeller y J. P. Morgan podían verse como organizadores eficientes de una economía continental. Esos mismos empresarios concentraban poder suficiente para subordinar a competidores, trabajadores y políticos. La Ley Sherman Antitrust de 1890 mostraba que la incomodidad ante el poder corporativo ya existía antes de que la Era progresista recibiera su nombre, aunque su aplicación inicial fue irregular y tímida. El problema era que la ley nacional todavía intentaba alcanzar empresas cuya escala superaba la experiencia reguladora del siglo XIX.
Nell Irvin Painter, al estudiar los conflictos sociales de finales del siglo XIX, llamó la atención sobre la violencia laboral y racial que acompañó el ascenso industrial. Ese recordatorio es decisivo: el progresismo creció entre huelgas, linchamientos y tensiones urbanas que parecían anunciar una sociedad polarizada entre plutocracia y revuelta. Para muchos reformistas de clase media, preservar la democracia exigía disciplinar el poder privado y reducir el riesgo de desorden social.
Robert Wiebe describió el periodo como una búsqueda de orden. La expresión ayuda a entender el tono progresista. La solución propuesta rara vez entregaba poder directo a los trabajadores. Creaba comisiones, especialistas y agencias capaces de transformar los conflictos sociales en problemas administrables. La Era progresista apostó por el conocimiento técnico y el gobierno organizado para domesticar los excesos de la economía industrial.
Qué querían reformar los progresistas
El progresismo fue una familia de reformas, no un partido único. Corrientes partidistas, religiosas, jurídicas, periodísticas y asociativas podían usar el mismo lenguaje de reforma para fines distintos. Una corriente quería democratizar la política. Otra quería disciplinar a pobres e inmigrantes. Otra buscaba limitar los monopolios para salvar la competencia. Otra usaba el Estado para proteger a mujeres, niños y consumidores.
En la política electoral, los progresistas defendieron instrumentos de democracia directa y reglas contra la política de máquina. Esas medidas intentaban acercar el gobierno al electorado reduciendo el control de los jefes partidistas locales. La 17.ª Enmienda, ratificada en 1913, estableció la elección directa de los senadores, antes escogidos por las legislaturas estatales. La medida respondía a la percepción de que los intereses corporativos compraban influencia entre bastidores en los estados.
En la economía, el objetivo más visible eran los trusts. «Trust» se convirtió en el nombre popular de las estructuras de concentración empresarial que parecían bloquear la competencia. Standard Oil era el ejemplo clásico, y el temor se extendía a sectores esenciales como el transporte, la industria pesada, los alimentos y el crédito. Los objetivos progresistas variaban. Roosevelt aceptaba la escala empresarial cuando servía al público y atacaba a las compañías que abusaban de una posición dominante. Otros reformistas querían restaurar la competencia en términos más estrictos.
En la vida urbana y social, la agenda partía de problemas concretos de la ciudad industrial, desde la vivienda insalubre hasta el trabajo infantil y el consumo de alimentos sin inspección fiable. Las settlement houses, como Hull House de Jane Addams en Chicago, ofrecían educación y servicios mientras mediaban la relación entre inmigrantes, trabajadores y reformistas. El Evangelio Social proporcionó un lenguaje religioso contra el darwinismo social: en vez de tratar la pobreza como fracaso individual, pastores y activistas defendían que una sociedad cristiana debía afrontar las condiciones que producían miseria.
Muckrakers, ciencia social y opinión pública
Los progresistas dependían mucho de la exposición pública. Periodistas llamados muckrakers investigaban corrupción, monopolios y condiciones de trabajo. Ida Tarbell publicó una investigación detallada sobre Standard Oil, mostrando tácticas de presión y prácticas de eliminación de competidores. Upton Sinclair, en The Jungle, quería denunciar la explotación de trabajadores inmigrantes en la industria cárnica de Chicago. El impacto más inmediato vino de las descripciones sanitarias que asustaron a los consumidores. En 1906, el Congreso aprobó la Pure Food and Drug Act y la Meat Inspection Act, convirtiendo el escándalo público en una base para la regulación federal.
Lewis Hine hizo algo parecido mediante la fotografía. Contratado por el National Child Labor Committee, registró a niños en lugares de trabajo que el público de clase media rara vez veía de cerca. La fuerza de sus imágenes residía en mostrar que la infancia obrera no era una abstracción estadística. Una niña entre máquinas de hilar o un niño cubierto de polvo de carbón hacían visible la distancia entre la promesa estadounidense de movilidad y la realidad del trabajo temprano.
El uso de imágenes y datos encajaba con la fe progresista en la investigación. Informes, fotografías y estudios urbanos se convirtieron en armas políticas. Walter Lippmann formularía más tarde una visión escéptica de la opinión pública: las sociedades complejas necesitaban conocimiento organizado para filtrar propaganda e interpretar información. Muchos progresistas compartían la idea de que la democracia industrial dependía de mediadores especializados.
Ese énfasis técnico trajo ventajas y riesgos. Permitió afrontar problemas concretos, como alimentos adulterados, accidentes industriales, tarifas ferroviarias abusivas y explotación infantil. Al concentrar autoridad en comisiones y especialistas, la reforma progresista desplazó poder hacia administradores que no siempre respondían ante los grupos afectados por sus decisiones. El periodo combinó ampliación democrática, tutela técnica, participación popular y gobierno de expertos.
Theodore Roosevelt y el Square Deal
Theodore Roosevelt convirtió la presidencia en un centro visible de reforma. Tras el asesinato de William McKinley en 1901, Roosevelt llegó al cargo con una visión activa del poder presidencial. Para él, el presidente podía usar la oficina como un púlpito nacional para presionar al Congreso, a las empresas y a la opinión pública. El Square Deal prometía un arreglo justo entre capital, trabajo y consumidores sin abandonar el orden social existente.
Un caso simbólico fue la huelga del carbón de antracita de 1902. En lugar de enviar tropas simplemente contra los trabajadores, Roosevelt presionó a los propietarios de las minas para que aceptaran el arbitraje. La decisión cambió el tono de la presidencia: el gobierno federal pasaba a mediar disputas laborales cuando un sector esencial amenazaba la vida pública.
En los ferrocarriles, la Hepburn Act de 1906 amplió las facultades de la Interstate Commerce Commission para controlar tarifas y frenar prácticas abusivas. En política antitrust, el gobierno de Roosevelt procesó a empresas como la Northern Securities Company y reforzó la imagen presidencial de «trust-buster». La meta era afirmar que las corporaciones nacionales tenían que reconocer un poder público nacional por encima de ellas.
En conservación, Roosevelt trabajó con Gifford Pinchot para ampliar bosques nacionales, reservas y parques. La conservación progresista tenía un sentido distinto del ambientalismo contemporáneo. En general, defendía el uso racional y duradero de los recursos naturales, no la preservación absoluta. Esa política marcó un cambio: los recursos naturales pasaron a tratarse como bienes cuyo uso privado debía servir a un interés público más amplio.
Taft, Wilson y la división de 1912
William Howard Taft sucedió a Roosevelt en 1909 y continuó parte de la agenda reguladora. Su gobierno impulsó muchas demandas antitrust, incluso contra Standard Oil, cuya disolución fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1911. Taft también apoyó la enmienda del impuesto sobre la renta, ratificada como 16.ª Enmienda en 1913. Los conflictos arancelarios, las disputas sobre conservación y su relación más cautelosa con el ala conservadora del partido redujeron su apoyo entre los republicanos progresistas.
La ruptura con Roosevelt fue decisiva. En 1912, Roosevelt intentó volver a la presidencia y, al no obtener la nominación republicana, formó el Partido Progresista, conocido como Bull Moose. Su programa defendía una regulación más fuerte, derechos laborales, sufragio femenino y mecanismos de democracia directa. La división entre Taft y Roosevelt fragmentó el voto republicano y abrió el camino a Woodrow Wilson, demócrata que ganó defendiendo la New Freedom.
Wilson difería de Roosevelt en lenguaje y énfasis. Roosevelt aceptaba grandes corporaciones reguladas por un Estado fuerte. Wilson, influido por Louis Brandeis y otros críticos de los monopolios, hablaba más de romper privilegios y restaurar oportunidades para empresas menores. En la práctica, su gobierno expandió el Estado federal. La Federal Reserve Act de 1913 reorganizó el sistema bancario y monetario. La Federal Trade Commission, creada en 1914, empezó a investigar prácticas comerciales desleales. La Clayton Antitrust Act del mismo año reforzó la política antitrust y ofreció a los sindicatos una protección parcial frente a ciertas interpretaciones de la Ley Sherman.
Las reformas de Wilson incluyeron la jornada de ocho horas para los trabajadores ferroviarios, ayuda agrícola y restricciones al trabajo infantil, aunque el Tribunal Supremo anuló parte de ese esfuerzo. El mismo gobierno segregó oficinas federales y trató los derechos civiles negros como una cuestión secundaria o incómoda. Wilson muestra una de las contradicciones centrales del progresismo: un gobierno federal más capaz no implicaba necesariamente un gobierno federal más igualitario.
Democracia, clase media y límites sociales
La Era progresista amplió los canales democráticos de forma desigual. El sufragio femenino, logrado a escala nacional con la 19.ª Enmienda en 1920, fue resultado de décadas de organización. Las reformistas participaron en campañas por educación, salud pública, temperancia, asistencia social y leyes contra el trabajo infantil. Muchas usaron papeles socialmente aceptados de maternidad y moralidad pública para entrar en política. Esa estrategia abrió espacio cívico, pero también reforzó ideas paternalistas sobre quién necesitaba protección y quién tenía autoridad para proteger.
Las leyes laborales tenían la misma ambigüedad. En Muller v. Oregon, de 1908, el Tribunal Supremo aceptó limitar la jornada de las mujeres en lavanderías, apoyándose en el famoso Brandeis Brief, que usaba datos sociales para defender la regulación. La decisión abrió espacio para la legislación protectora y se basó en la idea de fragilidad femenina y en el papel maternal de las mujeres. Los trabajadores varones, en cambio, seguían a menudo atrapados por la doctrina de la «libertad de contrato». En Lochner v. New York, de 1905, el Tribunal anuló una ley de jornada para panaderos al tratarla como violación de la libertad económica.
Para los afroamericanos, los límites fueron aún más duros. Tras el fin de la Reconstrucción, los estados del Sur consolidaron segregación, supresión electoral y violencia racial. La decisión Plessy v. Ferguson, de 1896, legitimó la doctrina «separados pero iguales». Los linchamientos y las leyes de Jim Crow restringían la ciudadanía en la práctica. Muchos progresistas blancos ignoraron ese orden o lo aceptaron como precio político de sus alianzas. Otros, como Ida B. Wells y W. E. B. Du Bois, denunciaron la violencia racial y la exclusión, pero a menudo actuaron contra la corriente dominante del reformismo blanco.
Los inmigrantes recibieron un trato ambivalente. Eran trabajadores esenciales de fábricas y ciudades, mientras que los reformistas muchas veces los veían como personas que debían ser americanizadas, disciplinadas e higienizadas. Chinos, japoneses y otros grupos asiáticos afrontaban exclusiones y restricciones específicas. De ese modo, la democracia progresista avanzaba por ciertos caminos y cerraba otros. El periodo aumentó la confianza en el Estado sin definir a todos los habitantes como miembros iguales de la comunidad política.
El legado de la Era progresista
La Primera Guerra Mundial aceleró y debilitó el progresismo al mismo tiempo. El gobierno federal coordinó producción, propaganda, finanzas y movilización a una escala sin precedentes. Los reformistas vieron en la guerra una oportunidad de planificación nacional. La represión de disidentes, el miedo al radicalismo, la violencia racial de 1919 y el agotamiento social abrieron el camino a la promesa republicana de «retorno a la normalidad» en la década de 1920.
Parte de los cambios permaneció. El gobierno federal salió de la Era progresista mejor preparado para regular mercados, investigar empresas, intervenir en crisis y producir políticas nacionales. La nueva arquitectura combinaba agencias reguladoras, impuesto sobre la renta, elección directa de senadores y Federal Reserve. La experiencia preparó debates posteriores del New Deal, cuando la crisis de 1929 exigiría una intervención federal mucho más amplia.
El balance es ambivalente. La Era progresista enseñó a Estados Unidos a regular trusts, inspeccionar alimentos, conservar recursos y ampliar ciertos derechos democráticos. La misma política reformista convivió con segregación, racismo, exclusión migratoria y control moral de los pobres. La mejor síntesis es menos celebratoria: el progresismo hizo más fuerte al Estado estadounidense y dejó abierta la pregunta sobre a quién reconocía plenamente ese Estado como ciudadano.